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Ana y Mía siguen sin vivienda después de tantos meses.

En diciembre  le había tocado una vivienda social, un piso protegido en régimen de alquiler y con una renta

Comida y accesorios para perros

de menos de 200 euros
al mes. Algo que es lo que una persona joven necesita para emanciparse y poder vivir independiente.

El piso además estaba en un complejo residencial de arquitectura vanguardista y en una de las mejores zonas de Sevilla, en el barrio de San Bernardo, muy cerca del centro histórico de la ciudad.

Aunque ya hace 4 meses que tenía que vivir en el piso que le tocó, todavía no ha podido hacerlo. Porque  la Junta de Andalucía, la propietaria y casera de las viviendas, introdujo a última hora, en la letra pequeña del contrato de arrendamiento, la prohibición de tener perro.

Ana es la orgullosa propietaria de   Nia, un cruce de labrador y mastín de pelo blanco que la acompaña a todas partes desde que hace más de siete años formara parte de su familia al encontrarla en el campo.

«¿Qué significa Nia para mí? Uff, es mi compañera, forma parte de mi familia», algo que todos entendemos muy bien.

El 5 de mayo pasado debía haber tenido ya las llaves de su casa, pero no ha sido así. Ahora a comenzado una batalla contra la Administración andaluza que espera ganar, para recuperar su piso u otro.

El pacma la está apoyando.

Ante esa batalla ante la Junta no está sola.  Muchos son los que la entendemos.

El Pacma entiende que la comunicación de la prohibición de tener perros  «no se hizo en las condiciones de la solicitud de la vivienda, sino seis años después» y reprocha que la Junta obligue a elegir entre vivienda o ‘familia’, teniendo en cuenta que para muchas personas los animales son su único apoyo moral».

La explicación de la Junta es que en esa promoción en concreto, no en otras, está prohibido tener perros debido a la «singularidad arquitectónica» del edificio y a las «molestias» que podría generar a los vecinos.

«En otros pisos se permite, yo lo único que quiero es que me den un piso en el que pueda vivir con Nia y si no puede ser en este edificio, que sea en otro»

Ha acudido también al Defensor del Pueblo Andaluz, que ya ha abierto una investigación y ha pedido a la Consejería de Fomento -de la que depende la agencia de vivienda- para que aclare los echos y en qué se basa la prohibición de perros.

Ana sigue luchando por algo a lo que tiene derecho y por nada se separará de su perra Nía. Si no es esa casa que le den otra, pero está muy claro que derecho tiene y perro también. Y eso no va a cambiar.

Suerte Ana y Nía. ¡ Lucha por lo que pertenece!

A continuación os ponemos el post que publicamos hace unos meses sobre el tema que aún continúa.

La Junta niega alquiler social por tener perro.

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